Un nuevo veto a la Ley de Economía Social

El ex diputado provincial y actual concejal de Rosario, Eduardo Toniolli, autor del proyecto original, criticó duramente la decisión, señaló que "la Ley creaba instancias de participación de las organizaciones de la economía social y los legisladores, en la gestión y planificación de políticas públicas del área", y denunció que "todo eso fue eliminado pese a ser parte de un largo proceso de acuerdos que logró sintetizar, después de años de debates y esfuerzos, nuestro proyecto, uno del oficialismo, la mirada del Ejecutivo, y las propuestas de las organizaciones y trabajadores del sector".

En ese marco, el dirigente peronista recordó que "el veto de Bonfatti ya había eliminado el financiamiento incluído en la Ley votada originalmente", señaló que en el nuevo tratamiento dado a la iniciativa durante las sesiones del año 2015 "desde la oposición y las organizaciones interesadas aceptamos resignar una asignación presupuestaria específica para la nueva institucionalidad creada, a cambio de garantizar dos aspectos que creíamos centrales: la participación en la gestión de organizaciones y trabajadores de la economía social y popular, y que el Estado se viera obligado por Ley a realizar un porcentaje de sus compras y contrataciones a actores del sector", y acotó que "el veto de Lifschitz elimina el primero de esos aspectos, dejando si efecto la creación del Instituto de la Economia Social y Solidaria (órgano ejecutivo de aplicación de la Ley que incorporaba con voz y voto al poder ejecutivo, al legislativo y las organizaciones sociales), y reemplazándolo por un Consejo meramente consultivo". Toniolli señaló además que "Lifschitz, paradójicamente, veta una Ley que votó afirmativamente siendo senador, en una evidente puesta a tono con los nuevos tiempos que impone el macrismo a nivel nacional".