"La edad de imputabilidad la va a fijar el Congreso"
El ministro de Justicia anunció la creación de una comisión de trabajo que tendrá un año para elaborar un proyecto de ley de creación de un sistema de responsabilidad penal juvenil.
El ministro de Justicia Germán Garavano anunció este jueves la creación de una comisión de trabajo para la elaboración de un Proyecto de Ley de Creación de un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, que deberá elevarse al Poder ejecutivo en el plazo máximo de un año.
En conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, Garavano adelantó que el tema de la baja de la edad de imputabilidad de los menores "es el último punto que se va a discutir" en la mesa de diálogo.
"Es uno de los puntos centrales y hay evidencias de que hay que modificarlo, pero el eje es la política preventiva, el abordaje temprano" de los temas relacionados con los menores advirtió Garavano y siguió: "aunque bajemos la edad a 14, va a haber de nuevo un problema con un caso de un chico de 13".
Y sentenció: "La edad de imputabilidad en definitiva la va a fijar el Congreso".
Por su parte Bullrich destacó la necesidad de trabajar sobre un régimen nuevo. "Hay un vacío y hay que llenarlo", dijo en referencia a la modificación de una ley que viene de la época de la dictadura.
Bullrich habló de la posibilidad de aplicar sanciones alternativas a la prisión como la reparación del daño a las víctimas. "Nuestro objetivo es que vaya bajando la violencia, los homicidios, la cantidad de menores que cometen delitos. Vamos por buen camino", dijo a los periodistas.
La comisión redactora de la nueva ley estará conformada por integrantes del Poder Judicial nacional y provincial, de los ministerios público fiscal y de la defensa, funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes de organizaciones no gubernamentales y expertos en la materia.
Según se resolvió, uno de los argumentos para modificar la ley actual es "la necesidad de contar con un sistema de responsabilidad penal juvenil especializado, coherente y equilibrado a nivel federal, que refuerce la política de sanciones alternativas a la privación de libertad, las medidas de reintegración para los jóvenes y que garantice que los niños y niñas y adolescentes privados de su libertad puedan recibir educación, realizar actividades recreativas y de aprendizaje.
