ESTADOS UNIDOS
El veto de Trump a los inmigrantes enfrenta el primer desafío de un estado
El Estado de Washington (noroeste) se convirtió en el primero en interponer una demanda contra el decreto del presidente de los Estados Unidos que prohíbe la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana.
El fiscal del Estado de Washington, Bob Ferguson, afirmó que presentó una demanda ante una corte federal en Seattle contra el decreto de Trump y, de prosperar, lo dejará sin efecto en todo Estados Unidos. Agregó que otros estados lo seguirán.
El texto contraviene la Constitución en varios puntos, aseguró, y añadió que varias grandes empresas apoyan la demanda. Al mismo tiempo, integrantes de las bancadas demócratas en el Congreso se manifestaron contra la política de Trump frente al edificio de la Corte Suprema.
Los analistas coinciden en que Washington no será el único estado en impugnar el decreto, dado que las fiscalías de los estados controlados por los demócratas están actuando en forma coordinada para resistir las posiciones de Trump sobre el Obamacare, cuestiones ambientales y migratorias.
No sería una novedad en la política estadounidense, ya que los estados de mayoría republicana usaron el mismo mecanismo contra las decisiones más virulentas, desde su punto de vista, del último presidente demócrata, Barack Obama.
Se espera que a Washington lo sigan Nueva York, Massachusetts, Connecticut y otros estados. El activismo político de los fiscales generales estaduales comenzó desde la administración de George W. Bush, y según los expertos ya es normal que lo practiquen.
Las lluvia de amparos estaduales se producirá después de que Trump despidiera, el lunes por la noche, a la fiscal general, Sally Yates, por entorpecer la aplicación de la medida.
Trump también relevó de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia responsable de las deportaciones, Daniel Ragsdale, aunque en este caso no especificó los motivos y se desconoce si los despidos están relacionados.
El nuevo fiscal general interino, mientras el Senado no confirme a su nominado, Jeff Sessions, es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia y que se mostró "honrado" de trabajar para la administración Trump.
El texto contraviene la Constitución en varios puntos, aseguró, y añadió que varias grandes empresas apoyan la demanda. Al mismo tiempo, integrantes de las bancadas demócratas en el Congreso se manifestaron contra la política de Trump frente al edificio de la Corte Suprema.
Los analistas coinciden en que Washington no será el único estado en impugnar el decreto, dado que las fiscalías de los estados controlados por los demócratas están actuando en forma coordinada para resistir las posiciones de Trump sobre el Obamacare, cuestiones ambientales y migratorias.
No sería una novedad en la política estadounidense, ya que los estados de mayoría republicana usaron el mismo mecanismo contra las decisiones más virulentas, desde su punto de vista, del último presidente demócrata, Barack Obama.
Se espera que a Washington lo sigan Nueva York, Massachusetts, Connecticut y otros estados. El activismo político de los fiscales generales estaduales comenzó desde la administración de George W. Bush, y según los expertos ya es normal que lo practiquen.
Las lluvia de amparos estaduales se producirá después de que Trump despidiera, el lunes por la noche, a la fiscal general, Sally Yates, por entorpecer la aplicación de la medida.
Trump también relevó de su cargo al director en funciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), la agencia responsable de las deportaciones, Daniel Ragsdale, aunque en este caso no especificó los motivos y se desconoce si los despidos están relacionados.
El nuevo fiscal general interino, mientras el Senado no confirme a su nominado, Jeff Sessions, es Dana Boente, hasta ahora fiscal para el distrito este del estado de Virginia y que se mostró "honrado" de trabajar para la administración Trump.
