PDI trasladó a dos hermanas por amenazas de bomba

Personal de la PDI realizó este lunes un allanamiento en una vivienda de Pasaje Irala al 4300 de la ciudad de Santa Fe, en el marco de las investigaciones que se llevan adelante por recurrentes amenazas de bomba a instituciones educativas y/o públicas.

Las menores –quienes fueron trasladadas en estado de libertad- son dos hermanas de 16 y 17 años, las que fueron identificadas por intimidación pública reiterada. También se secuestraron sus teléfonos celulares.

Según indicaron desde la PDI las amenazas fueron cometidas en dos oportunidades contra la escuela Cristo Obrero y en, al menos una oportunidad, contra el Hospital Iturraspe.

Al respecto, el jefe del Departamento de Investigaciones de la PDI, Mario Monzón, señaló en diálogo con el móvil de "Líinea Abierta" (FM 101.3) que las jóvenes "fueron notificadas, se le formó causa, posteriormente van a tener que concurrir al Juzgado de Menores donde continúa el proceso penal".

Respecto a si los padres de las adolescentes fueron notificados al respecto, Monzón explicó que “no como autores responsables del delito que se investiga pero están totalmente al tanto porque como son menores debieron concurrir con sus hijos”.

Además, el jefe del Departamento de Investigaciones de la PDI reveló que las llamdas fueron realizadas desde “teléfonos celulares y en los dos casos (tanto la escuela como en el hospital) son llamadas que se realizan al servicio de emergencia 911 alertando de esos artefactos en los establecimientos". 

Para finalizar, Monzón confirmó que son “más de 60 los casos de amenazas de bomba y hay unos 15 casos identificados los autores". 
 Detenidos y pago de los operativos

La semana pasada, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe dio a conocer que se avanza en el estudio de las herramientas legales necesarias para que los cargos que suponen los operativos de despliegue policial en estos hechos sea asumido por los padres de los menores que realizan las supuestas bromas. En promedio, cada operativo policial supone una erogación de 45 mil pesos, monto que actualmente es pagado por todos los ciudadanos con sus impuestos.

Días atrás también fueron detenidos cuatro adultos titulares de las líneas telefónicas desde las que se llevaron a cabo amenazas de bomba a instituciones educativas de Rosario. Estas personas, progenitores de los adolescentes que hicieron las llamadas o prestaron sus teléfonos para tal fin, permanecieron detenidos y fueron imputados del delito de intimidación pública.