Los peruanos saldrán a las calles por un supuesto atropello del Congreso sobre la Justicia

Las protestas populares reaparecerán este fin de semana en Perú, esta vez contra los supuestos intentos del Legislativo y el Ejecutivo de apoderarse de los aparatos judicial y electoral, una situación que disparó alarmas en el país y en el exterior.

“De manera pacífica nos vamos a movilizar todos los ciudadanos y el pueblo peruano a una sola voz”, afirmó el dirigente Enver León, uno de los coordinadores de la manifestación convocada para este sábado por organizaciones políticas, cívicas y sindicales.

Los convocantes, que aseguran que la ofensiva contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un primer paso para controlar al Poder Judicial y de paso a los organismos electorales, aspiran a reunir un número importante de personas en el parque Campo de Marte, próximo al centro de Lima, y a que similares movilizaciones se produzcan en otras ciudades.

“Si bien es cierto que se está convocando por la situación de la Junta Nacional de Justicia, también el fondo de toda esta movilización es por defensa de la democracia. Democracia que cada día está siendo copada a través de estos sectores”, señaló León.

La decisión del Congreso de investigar y eventualmente destituir a los siete miembros de la JNJ, ente que nombra, fiscaliza y de ser necesario sanciona a jueces, fiscales y jefes de organismos electorales, genera molestia al ser interpretada como un paso en la intención de acaparar poderes.

Todo se desató cuando el Legislativo, por amplia mayoría, aprobó una propuesta de Patricia Chirinos, del partido conservador Renovación Popular (RP), para que una comisión interna investigue sumariamente a los miembros de la JNJ por incurrir en supuestas faltas graves.

Según Chirinos, las faltas se relacionan con adelantos de opinión, filtración de documentos y mantenimiento en el cargo de una de las integrantes de la Junta pese a que supera los 75 años que fija la ley como edad máxima.

De todas formas, analistas consideran que la verdadera intención es primero proteger a la fiscal general, Patricia Benavides, y, como fondo, destituir a los actuales miembros de la JNJ para reemplazarlos por otros proclives a obedecer a los sectores políticos que controlan el Legislativo.