El Colegio de la Abogacía de Santa Fe cuestionó la reforma penal

El Colegio de Profesionales de la Abogacía de la Provincia de Santa Fe expresó públicamente su rechazo a distintos puntos del proyecto de ley denominado “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, impulsado por el gobierno provincial, al considerar que varias de sus disposiciones “resultan incompatibles con principios y garantías consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos”.

A través de un comunicado institucional, la entidad manifestó su “profunda preocupación” por el alcance de algunas medidas incluidas en la iniciativa y advirtió sobre posibles vulneraciones al debido proceso legal y al derecho de defensa.

Entre los puntos más cuestionados aparece la posibilidad de habilitar a las fuerzas policiales a interrogar personas detenidas sin la presencia de un abogado defensor.

“Una disposición de tal naturaleza vulnera de manera directa el derecho de defensa en juicio y abre paso a posibles abusos, arbitrariedades y mecanismos de coerción incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho” señalaron.

Además, el Colegio advirtió sobre el otorgamiento de mayores facultades a los fiscales para disponer allanamientos domiciliarios y medidas restrictivas de la libertad sin control judicial previo. “El debilitamiento de la intervención jurisdiccional importa un retroceso inadmisible en materia de garantías individuales y de división de poderes” remarcaron.

Otro de los aspectos que generó preocupación es la incorporación del denominado “procedimiento por decreto fiscal”, mecanismo que -según indicaron- permitiría impulsar condenas sin la realización de un juicio pleno y con una intervención limitada de la defensa técnica.

“Se habilitaría la posibilidad de impulsar condenas sin la realización de un juicio previo pleno y sin adecuada intervención de la defensa técnica, afectando garantías esenciales del debido proceso legal” sostuvieron.

En el comunicado, la institución reconoció que la seguridad pública constituye “una demanda legítima de la sociedad”, aunque advirtió que ello no puede justificar medidas excepcionales que afecten derechos fundamentales.

Finalmente, el Colegio de la Abogacía reclamó la apertura de un debate “serio, amplio y responsable” sobre el contenido del proyecto y se puso a disposición de los poderes públicos para colaborar en la elaboración de herramientas normativas que permitan atender la problemática de la inseguridad “sin menoscabar las libertades, derechos y garantías de las personas sometidas a proceso penal”.