Cuestiona la ley de cuidacoches

La nueva ley que establece la prohibición de la actividad de cuidacoches, trapitos y limpiavidrios en los municipios que adhieran generó cuestionamientos del Foro contra la Impunidad y por la Justicia, que considera que la normativa es inconstitucional y cuestiona especialmente el alcance de la prohibición.

La Cámara de Senadores de Santa Fe convirtió en ley este jueves la reforma al Código de Convivencia provincial, luego de insistir con el texto original frente a las modificaciones que había introducido Diputados. La norma establece trabajos comunitarios y restricciones de acercamiento como sanciones iniciales y prevé arrestos de entre 10 y 20 días para casos de reincidencia. También contempla agravantes cuando existen amenazas, amedrentamiento, exigencias hacia automovilistas o situaciones vinculadas con eventos masivos.

Desde el Foro contra la Impunidad cuestionaron que sus representantes no hayan sido recibidos antes del tratamiento de la norma. "No fuimos recibidos sabiendo que el día de ayer se trataba. Volvimos a presentarnos para poder ser escuchados y eso no se concretó", sostuvo Mara Mansilla.

El cuestionamiento a la prohibición

Para Mansilla, uno de los principales problemas de la nueva legislación está en que la prohibición alcanza a una actividad que, según planteó, es utilizada por personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica como una forma de subsistencia.

"El Senado retoma el proyecto original que es el más gravoso de sus versiones", sostuvo, y cuestionó que la normativa, aunque reconoce la existencia de situaciones de vulnerabilidad, termine prohibiendo la actividad de cuidacoches.

"Hay un incumplimiento preexistente del Estado cuando estamos hablando de personas que se encuentran en ese tipo de vulnerabilidades", planteó Mansilla. Y agregó: "No solamente que las mira, sino que prohíbe aquella actividad que es en este caso la de cuidacoches, a partir de la cual buscan herramientas de subsistencia".

Desde esa perspectiva, la integrante del Foro sostuvo que la norma "reproduce el carácter discriminatorio de esta situación".

La discusión sobre la libertad de contratar

Otro de los argumentos planteados por Mansilla apunta a la relación entre el cuidacoches y el conductor que utiliza el espacio público. La nueva ley alcanza a quienes, cuando la actividad está prohibida por la normativa municipal, ofrezcan espacios para estacionar o realicen tareas de cuidado, lavado o custodia de vehículos a cambio de dinero o algún beneficio, incluso cuando el cobro sea presentado como voluntario.

En ese sentido, Mansilla cuestionó que la legislación avance sobre "una cuestión muy consensuada en el derecho entre todas las personas, que es la libertad de contratar".

"La ley se refiere a aquellos acuerdos consensuados o no, voluntarios o no, y los prohíbe", señaló.

Para el Foro, el punto central del cuestionamiento no está en desconocer que puedan existir situaciones de presión, amenazas o extorsión, sino en que la nueva normativa establece una prohibición general de la actividad.

"Lo que es amenazante y lo que reproduce esta mirada estigmatizante es la prohibición general", sostuvo Mansilla en declaraciones a Telefé Santa Fe.

El argumento sobre las amenazas y la extorsión

La integrante del Foro diferenció la actividad de cuidacoches de aquellas situaciones en las que pueden existir amenazas, extorsiones o conductas coercitivas hacia los automovilistas.

"Contamos con normativas que ante situaciones extorsivas, de amenazas, que obviamente tenemos conocimiento que se producen, ya tenemos legislación aplicable para ese tipo de cosas", afirmó.

La nueva ley, en tanto, contempla justamente agravantes cuando el cobro está acompañado por amenazas, amedrentamiento o exigencias explícitas, además de sanciones más severas en casos de reincidencia y determinadas circunstancias, como la presencia en inmediaciones de espectáculos masivos o zonas de estacionamiento medido.

En Santa Fe capital, la discusión se da además sobre un escenario en el que la actividad ya estaba prohibida por una ordenanza municipal desde 2024. El municipio estimó que actualmente quedan entre 100 y 150 personas que continúan desempeñándose como cuidacoches o trapitos, principalmente en avenidas y zonas periféricas, y señaló que unas 100 personas que anteriormente realizaban esa actividad fueron vinculadas con distintas alternativas laborales.

La nueva legislación provincial suma ahora un marco de sanciones que los municipios podrán aplicar si adhieren a la normativa, mientras que el Foro contra la Impunidad mantiene su cuestionamiento sobre el alcance de la prohibición y anticipa su planteo de inconstitucionalidad.